MONTEVIDEO.- El debate en el Congreso uruguayo en torno a la derogación de la Ley de Caducidad enfrentó distintos argumentos entre los sectores políticos. El proyecto oficialista no prosperó.
Desde la oposición se sostuvo que no se puede desconocer el resultado de los plebiscitos realizados en 1989 y en 2009 que ratificaron la vigencia de la ley que impide el juzgamiento de crímenes cometidos por policías y militares durante la dictadura (1973-1985). El sector también manejó la teoría de los "dos demonios", que gira sobre un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y de seguridad y la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.
Los diputados opositores también afirmaron que la iniciativa era una venganza de ex guerrilleros; que violaba la Constitución e impedía la apertura de otras causas, y que se desconocía al presidente, José Mujica, quien la había rechazado.
El Frente Amplio y la izquierda rechazaron el argumento de los "dos demonios", ya que la guerrilla fue desarticulada en 1972, un año antes del golpe de Estado. Además, remarcaron que la Justicia debe ser independiente para investigar, sin tener que ser especialmente autorizada por el Poder Ejecutivo, como ocurrirá ahora con estos temas, y reclamaron que se dé una respuesta a los familiares de los desaparecidos.
"Todo el proceso mostró a un Mujica debilitado en su coalición, pero es claro que el PE no se va a quedar quieto y buscará gestos para satisfacer la demanda de juzgar a los militares", sostuvo el analista político César Aguiar.
El gobierno uruguayo, además, deberá afrontar ahora las derivaciones internacionales en estos casos, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al país por la ley de impunidad y lo instó a eliminarla. "Se perdió una oportunidad histórica. Hubiese sido un enorme paso hacia adelante para las víctimas", advirtió Guadalupe Marengo, de Amnistía Internacional. (Especial-Reuter-DPA)